La administración de Rodríguez Zapatero busca censurar Internet. Así de claro, así de duro. Las manifestaciones no se han hecho esperar: la red está en peligro. La llamada Ley Sinde (en honor a su irresponsable promotora, la Ministra de Cultura) es una artimaña del siglo XVI contra una herramienta del siglo XXI. Bastante desfasado, pero no por ello menos peligroso. Felizmente, la ley no ha sido aprobada.

¿Qué es la ley Sinde? Como el resto de Europa, España está medio en quiebra o a punto de estarlo. Esto no tendría nada que ver con la libertad de expresión, pero parece que así de crudas están las cosas. A través de la Ley de Economía Sostenible, en proyecto desde noviembre de 2009, el gobierno de Zapatero pretende introducir un paquete de reformas anti crisis, algunas de ellas bien recibidas por varios sectores. Los temas regulados van desde el medio ambiente hasta la reforma laboral.

Lo relevante acá es la primera disposición final de dicha norma. En ella, según el blog Trending Topics,

se crea una Comisión que depende del Ministerio de Cultura y que es la que decide si desde una web se están vulnerando derechos de propiedad intelectual o no. Si es así, la pueden cerrar o retirar los contenidos.

El procedimiento. Según el propio texto la ley, la Comisión de Propiedad Intelectual, cuando decida a su criterio que determinada página web viole normas de propiedad intelectual (incluidos enlaces a terceras páginas), notificará al dueño de la misma para que retire dicho contenido o el enlace. De no hacer caso, la Comisión presenta el caso a un juez contencioso-administrativo, quien en 4 días debe citar a todas las partes, para decidir si prospera o no prospera la solicitud de la Comisión para cerrar la web.

¿Cuál es el problema? Admito que no es fácil de ver, pues todo parece estar en orden. Después de todo, se trata de un proceso judicial, donde un juez independiente analiza un caso luego de escuchar a las partes involucradas. Sin embargo, no es así de simple. Como se ha explicado, lo único que va a analizar el juez ante el pedido de la Comisión es

si quitando esos enlaces se anulan los derechos fundamentales a la libertad de expresión del dueño de la página. Si no lo hacen (que será lo más habitual), entonces el juez, aunque en el fondo sepa que los enlaces no son constitutivos de delito, [tendrá que autorizar el cierre]. Por tanto, la página puede ser bloqueada por la Comisión con total tranquilidad. Luego vendrán las apelaciones para comprobar si en verdad atentaba o no contra los derechos de autor.

En efecto, como ha quedado claro en todo el mundo, colocar enlaces web no constituye violar normas de derechos de autor: es sólo decir dónde está algo. Eso, no obstante, no podría ser valorado por el juez y la web sería cerrada inevitablemente. Es cierto que se puede recurrir a otro juez para revisar el tema, pero reabrir la página puede tomar un largo tiempo, pues ya se sujeta a los plazos judiciales ordinarios. Además, las indemnizaciones por los excesos que cometa de la Comisión al cerrar páginas no serán sufragadas por el poderoso lobby audiovisual, que conformaría la famosa Comisión, sino por el Estado español, lo que con razón enfurece a los contribuyentes.

En suma, la Ley Sinde buscaba conseguir, a través de la actuación de la Administración Pública, lo que ya se había prohibido por la vía judicial. Repito: el control judicial previsto en la Ley Sinde es solo sobre el probable perjuicio a la libertad de expresión del dueño de la página, no sobre la violación a la propiedad intelectual. Por tanto, en los hechos, quien decidiría el cierre es la Administración, no el juez. Una aberración por donde se la mire.

Los activistas se pronunciaron. El tema ardió en las redes: desde ataques informáticos coordinados contra las webs del PSOE y del Partido Popular (o sea, DDoS como los vistos hace poco contra Visa y MasterCard), hasta las advertencias como la que el presidente de la Asociación de Internautas le lanzó a Zapatero:

pagará en las urnas el absoluto desprecio que tiene por el mundo de Internet

Afiche de protesta del Partido Pirata español contra la Ley Sinde

Trama internacional. Parte del rechazo de los internautas se debe a que la semana pasada, el diario El País reveló 35 cables de la diplomacia estadounidense que revelaban una fina estrategia americana, emprendida desde el 2007, para conseguir la ansiada "ley antidescargas" (hoy Ley Sinde). Decenas de reuniones del Embajador y otros funcionarios con ministros y empresarios fueron puestas al descubierto por el diario español, cortesía wikileaks. Lo peor, al parecer, fue el pedido descarado del gobierno de Zapatero para que EEUU presionara a los demás partidos para que aprobaran la ley.

La Ley Sinde está enmarcada en el contexto europeo. El caso francés, similar al caso inglés, es vergonzoso, pues la norma de Sarkozy referida a descargas ilegales corta el servicio de acceso a Internet al usuario, sin que un juez siquiera se entere del tema ni que el usuario pueda dejar de pagar a la empresa proveedora del servicio que ya se le quitó. La compatibilidad de estos regímenes con la Directiva de Acceso a Internet del Parlamento Europeo es, por lo menos, discutible.

Queda claro que España está lejos de la situación en Venezuela. El lunes pasado, el Congreso caribeño aprobó leyes que delimitan los "contenidos prohibidos" en Internet. Esto significa, según la ley, que el gobierno podrá censurar, entre otras muchas cosas, contenidos web que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público" o que "inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente". Chávez, fiel a su fama, es más chabacano que la elegante Ángeles Gonzáles-Sinde (regia como ella sola), pero en el fondo, cojea de lo mismo.

Ángeles González-Sinde en la entrega de los premios Goya

Trámite parlamentario. Luego de casi un año de estar en proyecto, la Ley de Economía Sostenible pasó hoy el trámite en comisión sin su polémica Primera Disposición Final (la parte denominada Ley Sinde). Dado a que se le dispensó de votación en la cámara baja, el Senado ya no podrá discutirla. La red, por el momento, está a salvo. El PSOE tendrá que seguir buscando aliados en su torpeza, mientras que Mariano Rajoy, líder de la oposición, mira complacido desde la tribuna los disparates de su rival.

Hay algo clarísimo: ninguna ley va a acabar con las formas de compartir archivos que en Internet se crean día a día. Sin embargo, el respeto a los derechos fundamentales que exige el Estado de derecho y distingue a las democracias modernas sí se daña. Y cada vez más.